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Israel modifica el derecho internacional a su antojo para justificar sus crímenes de guerra

bouleusis · November 15, 2019

Amigos del palestino Mohamed Ibrahim Ayub, de 15 años, muerto a tiros por el ejército israelí en Gaza, sentados junto a su tumba en un cementerio de Beit Lahia el 21 de abril de 2018. (Foto: AFP)

Ben White / Middle East Eye, 5 de noviembre de 2019 — Desde que retiró a los colonos y replegó sus fuerzas armadas a la valla de separación en 2005, Israel ha sometido a los palestinos de la Franja de Gaza a numerosos ataques devastadores, un bloqueo y ataques rutinarios contra agricultores y pescadores.

Muchas de estas políticas han sido objeto de una condena sustancial —por parte de los palestinos, por supuesto, así como de los grupos israelíes e internacionales de derechos humanos, e incluso de los líderes y políticos del mundo—, aunque lamentablemente con pocas acciones concretas a nivel estatal.

Sin embargo, Israel ha intentado frustrar la posibilidad de una rendición de cuentas significativa. Su enfoque ha sido muy simple: frente a las críticas por infringir la ley, cambiar la ley.

Proporcionar cobertura

Más concretamente, Israel ha estado trabajando arduamente para desarrollar y promover interpretaciones del derecho internacional que proporcionen cobertura a sus políticas y tácticas en la Franja de Gaza.

En enero de 2009, a raíz de una ofensiva israelí que condujo al informe Goldstone de la ONU, se publicó en Haaretz un extenso artículo sobre la labor que está realizando la sección de derecho internacional de la oficina del Fiscal Militar General. Esta sección se encarga de investigar —o tal vez aprobar— las acciones y tácticas de los militares y de proporcionar una justificación legal para tales acciones.

Uno de los entrevistados en el artículo fue Daniel Reisner, que había sido jefe de la sección de derecho internacional. “Si haces algo durante el tiempo suficiente, el mundo lo aceptará”, dijo. “Todo el derecho internacional se basa ahora en la noción de que un acto que hoy está prohibido será permisible si es ejecutado por un número suficiente de países [...] El derecho internacional progresa a través de las violaciones”.

Israel ha utilizado la Franja de Gaza como laboratorio para tales violaciones “progresivas”. Un ejemplo es la situación de la propia Gaza. Desde 2005, la posición de Israel ha sido que Gaza no está ocupada ni es soberana, sino que constituye una “entidad hostil”.

En su reciente libro Justice for Some (Justicia para algunos), la académica Nura Erakat explica las implicaciones de ese concepto, que hace que Gaza no sea “ni un estado en el que los palestinos tengan derecho a protegerse, ni un territorio ocupado a cuya población civil Israel tenía el deber de proteger”.

“En efecto, Israel usurpó el derecho de los palestinos a defenderse porque no pertenecían a un estado soberano en ciernes, renunció a sus obligaciones como potencia ocupante y amplió su derecho a ejercer la fuerza militar, con lo que los palestinos de la Franja de Gaza se volvieron tres veces vulnerables”, señaló Erakat.

Selección deliberada de objetivos

La afirmación de que la Franja de Gaza ya no está ocupada es, por supuesto, errónea, entre otras cosas porque Israel ha mantenido el control efectivo del territorio. Sus fuerzas armadas entran a voluntad por tierra y mar, y mantienen el control del espacio aéreo de Gaza, el espectro electromagnético, la mayoría de los puntos de entrada y salida y el registro de población, además del bloqueo vigente.

La Franja de Gaza es sólo una parte del territorio palestino ocupado, junto con Cisjordania —incluida Jerusalén Este—, que forma una entidad territorial única. El estatus ocupado de Gaza desde 2005 ha sido confirmado por numerosos organismos pertinentes, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU.

Oleadas de humo después de los ataques aéreos israelíes cerca de la frontera entre Gaza y Egipto en 2014. (Foto: AFP)

La “creatividad” jurídica de los israelíes queda demostrada con mayor frecuencia por algunas de las tácticas adoptadas por el ejército hebreo en los ataques.

Durante la ofensiva israelí de 2014 en Gaza, tres o más miembros de 142 familias palestinas fueron asesinados en el mismo ataque. Esas cifras alarmantes se deben en parte a que Israel ha atacado deliberadamente decenas de viviendas familiares palestinas, además de las que se han visto afectadas por los bombardeos indiscriminados.

Aquí fue clave la noción israelí de que cualquier (supuesto) miembro de un grupo armado palestino era un objetivo legítimo, aunque no participara en los combates —es decir, aunque estuviera en casa con su familia—, y que las muertes de miembros de su familia se convertían en “daños colaterales” legítimos debido a la presencia de un sospechoso en el hogar —incluso en el caso de que esa persona no estuviera realmente en casa en ese momento—. Como dijo un funcionario israelí: “Ustedes lo llaman hogar, nosotros lo llamamos centro de operaciones”.

Víctimas civiles

Y todo ello a pesar de que, en virtud del derecho internacional, Israel debe demostrar que cualquier estructura atacada desempeña una función militar, como explicó el grupo de derechos humanos B'Tselem: “ningún funcionario ha demostrado que hubiera alguna conexión entre una casa atacada y una actividad militar específica allí”.

Por lo tanto, las explicaciones del ejército israelí sobre la destrucción de viviendas parecían “no ser más que un encubrimiento de la verdadera razón de la destrucción, a saber, la identidad de los ocupantes”. Es decir, se trataba de “demoliciones punitivas de viviendas [...] llevadas a cabo desde el aire, con los ocupantes en el interior”.

Otra táctica utilizada por el ejército israelí es la emisión de “advertencias” a los civiles, ya sea en forma de llamadas telefónicas o mensajes de texto enviados a propiedades específicas, o de panfletos lanzados en vecindarios enteros. Israel presenta esta táctica como una prueba de que se esfuerza por evitar víctimas civiles, a pesar de que tales advertencias son, de hecho, una orden y no “actos de caridad”.

Es fundamental, por supuesto, que esas advertencias no eliminen el estatus protegido de los residentes civiles. Sin embargo, hay buenas razones para pensar que esta no es una opinión compartida por el ejército israelí.

En el mencionado artículo de Haaretz de 2009, un funcionario dijo: “Las personas que entran en una casa a pesar de una advertencia no tienen que ser tomadas en cuenta en términos de lesiones causadas a civiles, porque son escudos humanos voluntarios. Desde el punto de vista legal, no tengo que mostrar consideración por ellos”.

Así pues, en un giro inquietante, si bien las advertencias se presentan como una forma de reducir al mínimo las víctimas civiles, en realidad sirven para facilitar los ataques e incluso pueden contribuir al número de víctimas mortales.

Normalización de la ilegalidad

Estos son sólo algunos ejemplos, ya que Israel trata de normalizar lo ilegal, con dos objetivos en mente. Nótese que fue después de la publicación del informe Goldstone que el primer ministro Benjamín Netanyahu “ordenó a los miembros del gobierno que redactaran propuestas para cambiar las leyes internacionales de la guerra”.

Las “innovaciones” de Israel en el derecho internacional tienen por objeto facilitar la represión cada vez más brutal de los palestinos, mientras que en el ámbito de las relaciones internacionales estas interpretaciones se promueven para enturbiar las aguas en los foros jurídicos o, en última instancia, para obtener el apoyo de otros estados.

Es importante recordar que el problema de la rendición de cuentas es anterior a los acontecimientos más recientes. Israel ha violado durante mucho tiempo el derecho internacional y ha justificado ciertas políticas en términos jurídicos, desde la confiscación de tierras en los territorios ocupados hasta el establecimiento de asentamientos.

Esto nos ayuda a entender que el problema clave es político y que la respuesta a la impunidad y a las interpretaciones “innovadoras” de la ley por parte de Israel debe ser la presión política.

El fracaso en este frente lo sentirán más profundamente los más vulnerables: los palestinos.


Ben White es el autor de Israeli Apartheid: A Beginner's Guide y Palestinians in Israel: Segregation, Discrimination and Democracy. Es colaborador de Middle East Monitor y sus artículos han sido publicados por Al Yazira, Al Araby, Huffington Post, The Electronic Intifada, The Guardian y otros.



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